El TSJ de Navarra se inclina por rebajar la pena a un miembro de ‘La Manada’ por la Ley Montero

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Navarra sopesa rebajar la pena a Ángel Boza, el único miembro de La Manada de Pamplona que ha solicitado que se le aplique la ley del sólo sí es sí aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez con el patrocinio de Irene Montero. Fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO aseguran que, actualmente, dos de los magistrados que forman el tribunal que deberá revisar el recurso de apelación abogan por una rebaja de la condena, de acuerdo con la aplicación de la ley diseñada desde el Ministerio de Igualdad. Aunque sólo Boza ha pedido la rebaja de pena, es más que probable que otros condenados de La Manada de Pamplona sigan sus pasos si obtiene un resultado favorable. El recurso de apelación ha sido presentado por el letrado Agustín Martínez.

El tribunal que debe resolver está formado por el presidente del TSJ de Navarra, Joaquín Galve, el magistrado Francisco Javier Fernández Urzainqui y la magistrada Esther Erice Martínez, esta última perteneciente a la asociación profesional Juezas y Jueces para la Democracia, la misma a la que pertenece Victoria Rosell, juez de carrera que aparcó la toga hace años para dedicarse a la política con Podemos –actualmente pertenece a la cúpula del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, donde ejerce como delegada del Gobierno contra la Violencia de Género–.

Según las mismas fuentes, los dos magistrados sopesan tener que rebajar la condena al miembro de La Manada por la Ley Montero, pese a la presión a la que son conscientes que van a tener que hacer frente para defender su rigor y su independencia en el fallo, frente a los sectores de izquierda que acostumbran a tildar de «machistas» las resoluciones judiciales que no encajan con sus postulados políticos. En este sentido, cabe recordar que la composición del tribunal que entiende de este recurso de apelación está fuera de toda sospecha de parcialidad. Baste un dato: el magistrado Galve discrepó en 2018 del fallo del TSJ de Navarra que mantuvo la condena a nueve años de prisión por abuso sexual a los cinco miembros de La Manada.

El presidente del TSJ de Navarra, con la ley entonces en vigor –previa la reforma de la Ley Montero conocida como del sólo sí es sí– reclamó que los acusados fueran condenados a mayor pena de prisión, por entender que habían cometido violación, no sólo abuso sexual. A la postre, su criterio se vio confirmado por el Tribunal Supremo, que condenó a los miembros de La Manada a 15 años de prisión por violación. Los jueces de la Sala Segunda del Alto Tribunal aumentaron considerablemente la pena que les habían impuesto los tribunales navarros y fijó la definitiva dentro de una horquilla que iba desde los 14 años y tres meses hasta los 18 años. Sin embargo, con la actual ley del sólo sí es sí, el escenario cambia considerablemente en beneficio de los violadores condenados.

Resulta paradójico que la Ley Montero, que el Gobierno presentó como una defensa reforzada de las mujeres al gusto del movimiento social «hermana, yo sí te creo» y en contra de lo que la izquierda calificó partidistamente como el «Código Penal de La Manada», puede acabar beneficiando a los condenados por la violación en los Sanfermines de 2016. Ya lo ha hecho con más de  1.100 agresores sexuales y, ahora, el PSOE y Podemos pueden pasar a la historia como los impulsores de la Ley Montero que rebajó la condena de La Manada.

Reducción de pena

Fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO aseguran que, por el momento, tras conocerse el acuerdo al que llegaron los magistrados del Supremo en el pleno monográfico, el Tribunal Superior de Navarra sopesa que debe aplicarse la Ley Montero al condenado Ángel Boza. Hace unas semanas, la Sala Segunda del Alto Tribunal avaló las rebajas de pena aplicadas en las revisiones de condenas firmes tras la entrada en vigor de la ley del sólo sí es sí, desacreditando el criterio fijado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El Alto Tribunal defendió de manera unánime que el artículo 2.2 del Código Penal recoge el principio de retroactividad a favor del reo. Con ese Pleno monográfico de dos días, el Supremo dio respuesta a un total de 29 recursos contra las revisiones de condenas firmes efectuadas por tribunales inferiores tras la entrada en vigor de la ley de Irene Montero el pasado 7 de octubre. De los 29 recursos analizados, el Supremo confirmó la rebaja de 27. Esta doctrina alumbrada por el Alto Tribunal sirve de guía para las futuras revisiones de condenas firmes por delitos sexuales.

Los magistrados del TSJ de Navarra están dando tiempo a que, por escrito, el Supremo emita una suerte de instrucción global sobre cómo aplicar la Ley Montero a tenor de lo acordado en aquel pleno monográfico. Esto allanaría el trabajo de los magistrados de Navarra y reduciría la presión social a la que pueden verse sometidos. Sin embargo, esa espera parece que va a ser en vano, porque fuentes del Tribunal Supremo consultadas por este diario han dejado claro que, por el momento, no contemplan redactar tal resolución global. El Alto Tribunal se va a limitar, en principio, a sentar jurisprudencia al respecto a base de resolver los recursos de casación que le llegan. Eso sí, todos son resueltos con la misma doctrina.

La juez Esther Erice

La ponencia del recurso formulado por el miembro de La Manada Ángel Boza ha recaído en la magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Esther Erice. Hace unas semanas participó en las jornadas de formación Perspectiva de Género y Justicia Penal, organizadas por el Instituto Navarro para la Igualdad junto a la asociación de Juezas y Jueces para la Democracia, a la que esta juez pertenece. Hasta el momento, Esther Erice había apoyado el criterio defendido desde la Fiscalía General del Estado, con el que el Ministerio Público quería salvar la cara del Gobierno ante el aluvión de críticas por las consecuencias de la Ley Montero, que pueden extenderse a La Manada.

Ya hay un precedente en el que estos tres magistrados de Navarra se han tenido que pronunciar con respecto a la revisión de pena de un condenado por delito sexual. Fue en febrero de este año, cuando en aplicación de la nueva ley del solo sí es sí, el TSJ de Navarra rebajó seis meses –de 14 años y 3 meses a 13 años y 9 meses de prisión— la pena impuesta a un condenado por un delito continuado de agresión sexual a una menor. Esta resolución fue dictada con el voto favorable del presidente de este Tribunal Superior, Joaquín Galve, y del magistrado Francisco Javier Fernández Urzainqui, que fue el ponente. Sin embargo, la juez Esther Erice pretendía, en línea con el Ministerio Fiscal, mantener la pena impuesta. Al no prosperar su criterio, formuló un voto particular discrepante. Hay que destacar que finalmente el Supremo ratificó el fallo aprobado por los dos magistrados del TSJ de Navarra, por ser acorde a Derecho.

Una situación similar –aunque con mayor presión mediática– experimenta ahora el miembro de La Manada Ángel Boza. Éste ha presentado un recurso en contra de la decisión de la Audiencia de Navarra, que se opuso recientemente a revisar su pena de 15 años de cárcel, al entender que es compatible con la nueva legislación. Pero, la sentencia dictada por el Supremo en 2021 incluyó la argumentación de que esa pena «se encuentra muy próxima al mínimo legal». Esta frase es a la que se aferra el abogado del condenado, Agustín Martínez. El letrado defiende que con la ley impulsada por Irene Montero y aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, la horquilla de posibles penas a imponer se ensancha por abajo. De manera que el mínimo legal ya no son 14 años y 3 meses, sino 13 años. Aplicando una cuenta proporcional, pide una rebaja de un año y tres meses.

Calendario previsible

Fuentes judiciales aseguran que, posiblemente, la rebaja no vaya a ser «tan amplia» como la pretendida por el abogado de Boza. Pero creen que rebaja sí que va a haber, en estricta aplicación del criterio del Supremo sobre la Ley del sólo es sí es sí. Además, hay que tener en cuenta que incluso la magistrada Esther Erice podría adoptar otra postura más acorde con la Ley Montero, dado el pronunciamiento que ya ha habido desde el Alto Tribunal.

También aseguran a este periódico que, aunque en un principio estuviese previsto emitir la resolución antes de las elecciones generales del próximo 23 de julio, posiblemente se demore algo más, puesto que «estaban a la espera de poder examinar la resolución del Supremo» y, por el momento, no han podido hacerlo. Además, las fuentes consultadas añaden que en un par de semanas comenzarán las fiestas de los Sanfermines y los Juzgados de Pamplona estarán colapsados.